Con la idea de mejorar el acceso al alquiler de departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, se conformó una mesa de dialogo la cual ha establecido una serie de propuestas que busca mejorar el acceso al alquiler en el distrito, a fin de ser analizadas y ser parte de una nueva e innovadora legislación.
Dentro de las propuestas se destaca una que propone imponer un gravamen a las propiedades desocupadas como manera de incentivar a los propietarios a ofrecerlas en el mercado del alquiler, las cuales han sido remitidas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien deberá analizar la viabilidad de las alternativas y dará una devolución a la Mesa que se reúne desde hace nueve meses.
Existen en el mercado de alquileres inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro principales problemáticas, a saber:
La escasez de oferta de viviendas para alquilar; la excesiva cantidad de requisitos para acceder a la misma; las distintas dificultades que se dan durante la locación que no permiten la permanencia en un departamento a lo largo del contrato; y la falta de controles.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad, coordina la mesa de diálogo conformada por representantes de Inquilinos Agrupados, la Cámara Inmobiliaria Argentina, de la Cámara de Propietarios Argentina, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, del Ministerio Público de Defensa y de agrupaciones como Hábitat para la Humanidad Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). También participan legisladores de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, el Centro de Investigación en Finanzas, el Colegio Profesional Inmobiliario y la Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios.
“Seguimos trabajando para mejorar el sistema de alquileres y bajar las barreras de acceso, así como incentivar a los propietarios que tienen sus viviendas para que ingresen al mercado de los alquileres. También queremos dar mayor seguridad para inquilinos y propietarios y sumar nuevas alternativas a las garantías inmobiliarias”, señaló el presidente del IVC, Juan Maquieyra.
Asimismo, indicó que “se hicieron doce o más propuestas para presentarle al Gobierno de la Ciudad y así poder avanzar este año en el tema de los alquileres”.
“Lo importante es que nos pusimos de acuerdo en la Mesa de Diálogo que conforman el IVC, inquilinos, inmobiliarias, propietarios y otras agrupaciones, y pudimos generar un consenso para lograr que sea más fácil poder alquilar”.
Propuestas:
- Certificaciones de firmas gratuitas. Se propone que el Gobierno porteño designe a funcionarios de las comunas para realizar este trámite de manera gratuita.
- Informes de dominio gratuitos. La idea de la mesa es que el Registro de la Propiedad Inmueble (o el organismo que en el futuro pueda reemplazarlo) no cobre los informes a los/as potenciales locatarios/as de inmuebles con destino de vivienda.
- Ley sobre acto discriminatorio. Se pide que el gobierno porteño redoble sus esfuerzos para velar por el cumplimiento de la Ley que establece que no se puede rechazar el alquiler a cualquier persona por razones de etnia, nacionalidad, religión o ideología, entre muchos otros.
- Cumplimiento de la ley 5.115 sobre acciones especiales para personas con discapacidad. La Mesa solicita que el Gobierno de la Ciudad continúe velando por el cumplimiento de la ley.
- Ley de anuncios de garantías. Se propone que se cree una normativa para que en toda publicación de oferta de alquiler, el corredor deba publicitar explícitamente dos o más tipos de garantías, para lo cual deberán informar al propietario de los distintos sistemas de garantías que existan y sus efectos.
El propietario/a podrá optar por alguna de las garantías ofrecidas:
- Garantía del Banco Ciudad, la cual deberá ser más flexible.
- Se propone crear un fondo entre el Estado y el sector privado para otorgar e incentivar otro tipo de garantías, como la garantía personal (recibo de sueldo), el seguro de caución, la garantía bancaria, la fianza o la garantía inmobiliaria.
Además se pretende un “contrato Modelo de Alquiler” a fin de unificar y colocar en igualdad de condiciones a todas las locaciones que se suscriban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La mayor innovación se encuentra en la propuesta de establecer un impuesto a las viviendas ociosas, situación que deberá ser estudiada a fin de delinear programas con el objetivo que dichas viviendas deshabitadas sean incorporadas al mercado inmobiliario. Respecto a esta situación, Maquieyra remarcó que “lo primero que hay que hacer es que el gobierno de la Ciudad desarrolle información sobre estas viviendas y los propietarios y en base a ese análisis se verá cual es el mejor camino para que estén a disposición para alquilarlas”.
En base a lo analizado, podríamos definir a este tributo como un impuesto con fines extra fiscales, es decir que su imposición en cabeza de los sujetos que alcancen el hecho imponible (propietarios de viviendas para alquiler) y queden en la categoría de sujetos pasivos (contribuyentes), no persigue propósitos de recaudación, si bien inevitablemente esto sucede por el hecho de su pago, su destino persigue una finalidad de carácter social como lo es el acceso a la vivienda, desalentando con esta medida la existencia de inmuebles ociosos y desocupados, los cuales pueden contribuir a una solución habitacional para la población que no tiene otra forma de acceder a su vivienda. Esto se logrará siempre y cuando la voluntad de todas las partes reunidas en la mesa de negociación y en el posterior tratamiento del proyecto de ley que fuera a presentarse en la Legislatura porteña se pongan de acuerdo en esta iniciativa y realmente sea beneficiosa para la comunidad.
