Estimados algunas reflexiones sobre las posibles consecuencias aplicables de la ley de
abastecimiento. La AFIP pide a productores que presenten datos referentes a la ubicación
de los stocks de granos. Los productores temen medidas confiscatorias, respecto a las
primeras aplicaciones de la ley de abastecimiento.
Los ruralistas alertaron sobre un intento de confiscación de los granos aún sin vender.
dvierten que el campo sería el primer blanco para aplicar la ley
Las entidades agropecuarias temen que –si logra la aprobación de una nueva ley de
abastecimiento–, el Gobierno intente “decomisar” la mitad de la cosecha de soja que los
productores guardan en sus campos a la espera de mejores precios.
Son unas 27 millones de toneladas valuadas en más de 10.000 millones de dólares. Una
decisión de la
FIP
, que reclamó saber el lugar exacto donde están los silo-bolsas,
alimentó esa desconfianza.
Palabras como “confiscación” o “Venezuela” pasaron a poblar el discurso de los dirigentes
de la Mesa de Enlace en las últimas horas. Hasta ahora, el sector se había pronunciado en
contra de la ley de abastecimiento que impulsa el kirchnerismo en los mismos términos
que el resto del empresariado.
Pero la
FIP
encendió una luz de alerta más potente cuando comenzó a exigir a los
productores que declaren la posición gerorreferenciada de sus depósitos de soja y otros
granos, tal como adelantó Clarín el martes en exclusiva. Con ese dato y un modesto GPS
no hay poroto que pueda escaparse.
“Alarman todas las señales que está dando el kirchnerismo. Por un lado, por este nuevo
requisito que implica dar a conocer la geolocalización de los granos y la compra de silo-
bolsas; y por otro, por la inminente aprobación en el Congreso de la ley de abastecimiento
que le otorga al Ejecutivo un poder discrecional para avanzar sobre quienes considere,
cuando quiera”, indicó ayer la Federación Agraria.
La entidad que preside Eduardo uzzi manifestó que “nos cuesta creer que esta
conjunción persecutoria sea inocente”. Y sugirió que el Gobierno “parece querer avanzar
en la confiscación física, porque si no para qué piden la ubicación de los granos y por qué
están dotando al Secretario de Comercio (Augusto Costa) de estos superpoderes por
encima de la Justicia?”.
La Sociedad Rural, que junto a otras entidades empresarias del Grupo de los 6 amenazó
recurrir a la Justicia, también criticó la nueva exigencia de
FIP
justo cuando el proyecto
de ley de abastecimiento, pretende “exacerbar el autoritarismo y quitar los límites para que el Gobierno pueda profundizar su poder de confiscación”. También pidió a los
legisladores “poner un freno” a “un modelo que va camino a replicar todas las medidas
que agudizaron la inflación, la escasez y la recesión en Venezuela”.
El retraso en la venta de soja no puede explicarse en factores políticos.
Los precios en dólares del grano han bajado mucho en las últimas semanas y, aunque hay
pocos indicios de una recuperación, se preanuncia en el horizonte una nueva devaluación
semejante a la de enero, que podría incrementar los ingresos en pesos que recibirían los
chacareros.
Estimados algunas reflexiones sobre las posibles consecuencias aplicables de la ley de abastecimiento.
