Semanas atrás, el oficialismo presentó un proyecto de ley a fin de poder disminuir las tarifas en los servicios públicos ¿Qué consecuencias genera esa decisión?
Atento al pedido del presidente de la Nación Mauricio Macri para que las provincias reduzcan la carga tributaria en las facturas de los servicios públicos, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó el envío de una ley para eliminar los ingresos brutos en las tarifas de los servicios de gas y agua.
Es necesario aclarar que, como con el proyecto de ley se pretenden modificar impuestos, la potestad para avanzar la tiene el poder legislativo que es quien terminará aprobando o no el mismo.
El mencionado proyecto eliminaría el impuesto local de los ingresos brutos en la facturación de los servicios públicos. Cabe destacar que dicho beneficio sólo importaría una reducción del 4% en lo que corresponda abonar, cuando el aumento real resulta ser mayor, con lo cual lo que pareciera un beneficio para toda la comunidad, en realidad representará un déficit fiscal que rondará los $1.500 [1]millones, lo que seguramente conlleve a la postergación de algunas obras, por ser el estado quien deba soportar la carga de no percibir el mencionado tributo local.
¿Qué pasa con la luz? En el caso de la luz, como dicho servicio no se encuentra gravado por ingresos brutos, y a fin de morigerar el aumento tarifario, se decidió distribuir entre los usuarios 5 millones de lámparas led, lo que tendrá un costo de $300 millones, pero una rebaja real en el consumo del 15%
Cabe destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existe ningún impuesto específico que se aplique a los servicios y que el mismo sea trasladado a los consumidores, por lo tanto, la rebaja no podría haberse planteado en estos términos.
Lo que resulta materia de debate en mi opinión es la circunstancia de que la carga del tributo local de Ingresos Brutos sea trasladable al consumidor como el IVA, porque en definitiva este impuesto que grava la actividad, recae sobre la empresa prestadora del servicio público, pero el contribuyente de facto o de hecho es el consumidor. Entonces que el Gobierno Porteño en este caso se haga cargo de ese tributo no solo implica acrecentar el déficit fiscal, sino generar un beneficio a la empresa y no al ciudadano consumidor quien igualmente va a tolerar el aumento del servicio. ¿Por qué el gobierno beneficiaría con la quita del impuesto al Ingreso Bruto cuando el mismo representa un 55%[2] del total de los ingresos del fisco porteño? ¿Es realmente una decisión pensando en el ciudadano consumidor? Para poder responder esto, habrá que esperar al debate previo a la sanción de la Ley.
