Sería un argumento válido, ya que el sujeto que omitió actuar como agente de retención será eximido de la obligación solidaria prevista en el art.

Sería un argumento válido, ya que el sujeto que omitió actuar como agente de retención será eximido de la obligación solidaria prevista en el art. 18, inc c de la Lay 11.683, siempre y cuando el obligado pueda probar que el beneficiario ingresó directamente la totalidad de lo que debía haber retenido y luego ingresado. Fallo CSJN, causa Cintafón S.R.L., del 3 de abril de 1986. Además, les dejo algunas consideraciones interesantes al respecto del Procurador Fiscal de la Nación que intervino en la causa. (…) Respecto del fondo del asunto debo recordar que en oportunidad de emitir opinión con fecha 21 de mayo de 1984 en la causa E.220 “Eca Cines, S. R. L. c/ Instituto Nac. de Cinematografía s/ ordinario”, mi antecesor en el cargo doctor José Augusto Lapierre señaló que la actividad desarrollada por los agentes de retención en tanto responsables del cumplimiento de deuda ajena: con los recursos que administran, perciben o disponen, se vincula con el sistema de percepción de los tributos en la misma fuente; en virtud de una disposición expresa que así lo establece y atendiendo a razones de conveniencia en la política de recaudación tributaria. En ese orden de ideas, se expuso que los agentes de retención y los de percepción manejan, en cumplimiento de ese mandato legal, fondos que no les son propios sino que pertenecen a los contribuyentes a quienes les han detraído el impuesto al efectuarles un pago o intervenir en un acto de tal naturaleza, o se lo han cobrado juntamente con el precio del bien o servicio que comercian y que esta actividad reviste el carácter de intermediación en virtud de un mandato legal expreso, que los sujeta incluso a consecuencias de naturaleza patrimonial y penal en caso de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de sus deberes. En suma, retiene esencialmente en interés del fisco y cuando ingresa los fondos, dicho pago es imputado desde el punto de vista impositivo, al contribuyente sin perjuicio de que lo libera de sus propias responsabilidades. (…) Sentado ello, resulta claro que al igual que en el sistema de anticipos, cuando el tributo retenido no es definitivo sino que tiene el carácter de “a cuenta” su exigencia al contribuyente ¬ obligado por deuda propia ¬ carece de sentido a partir del vencimiento del plazo general pues a partir de allí, el interés del fisco sólo puede recaer sobre el gravamen que surge al final del período con el perfeccionamiento del hecho imponible. No obsta a tal inteligencia lo dispuesto por el art. 18, inc. b) de la ley 11.683 (t. o. 1960), en tanto establecía que el agente de retención sólo puede eximirse de responsabilidad respecto del gravamen que ha dejado de retener en tanto acredite que éste ha sido pagado por el contribuyente. En efecto, no debe olvidarse que la reglamentación de la ley de impuesto a los réditos vigente al momento de efectuarse los pagos (art. 47, dec. 10.609/59 texto ordenado por dec. 4778/61) disponía: “En todos los casos en que un agente de retención, por error u omisión no haya retenido el impuesto, es obligación del contribuyente ingresar dentro de los 15 días hábiles contados desde la fecha del pago, el importe no retenido debiendo informar a la dirección el nombre y el domicilio de la persona que abonó la renta. Transcurrido ese plazo sin que el contribuyente haya ingresado el impuesto, será responsable del mismo el agente de retención, sin perjuicio de su derecho a reclamar del contribuyente las sumas que por ese concepto debe abonar. “Quedará a cargo del agente de retención la prueba de que el contribuyente ha cumplido con lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo”. A mi juicio, la responsabilidad respecto del gravamen que, salvo prueba acerca de su ingreso por el contribuyente, imponía el art. 18 inc. 3º de la ley 11.683 (t. o. 1960), se encontraba referida al supuesto del art. 47, párr. 1º antes citado, es decir, al incumplimiento por parte de éste de la obligación de abonar la suma no retenida por quien correspondía. En el caso en que el monto debía ingresarse a cuenta del tributo queda claro que el deber del contribuyente subsiste hasta el vencimiento del plazo general para la presentación de la declaración jurada y pago del impuesto que resulte en definitiva, pues a partir de ese momento esto último es lo único que puede pretender el fisco en tanto no impugne las declaraciones presentadas o, ante la falta de presentación de las mismas determine de o reclame el pago provisorio a cuenta del impuesto (actual art. 38, ley 11.683, t. o. 1978). Es que como se dijo en el recordado dictamen en materia de anticipos, aquí también puede afirmarse que se es deudor sin ser aun, en un sentido estricto, contribuyente en cuanto no se ha verificado a su respecto, el hecho imponible. Esa limitación temporal circunscribe de igual manera, en mi opinión, el deber de los rentistas respecto del tributo no retenido y ello es lógico en tanto a la luz de lo expuesto en el párrafo precedente, este responsable no podrá en general, probar el ingreso por parte del contribuyente de la retención omitida, sino tan solo, como ha ocurrido respecto de algunos contribuyentes en el “sub lite”, la situación final de éste ante el fisco con lo que, interpretado el art. 18, inc. 3º de la ley 11.683 (t. o. 1960), como lo pretende el organismo recaudador, este precepto exigiría una prueba en numerosos casos de producción imposible, lo que llevaría a pensar que ha existido inconsecuencia o falta de previsión por parte del legislador (Fallos, t. 297, p. 142; t. 300, p. 1080; entre otros ¬Rev. LA LEY, t. 1977¬C, p. 455; Rep. LA LEY, t. XLI, J¬Z, p. 1901, sum. 62¬). (…) En virtud de lo expuesto, considero que cabe confirmar el fallo recurrido. ¬ Setiembre 16 de 1986. José O. Casas.